Este grupo parlamentario presentó al Senado una moción por la que se instaba al Gobierno a "poner en marcha las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a activar los mecanismos adecuados para el reintegro de las cantidades adeudadas a las comunidades autónomas".

La senadora Nerea Ahedo Ceza, del Grupo Parlamentario Vasco, aseguró que “esta ley no incluye una previsión clara y realista de su financiación y las consecuencias las siguen pagando las personas a las que va dirigida y que tienen algún grado de dependencia. Esta norma generó muchas expectativas que no se han cumplido”.

“En 2006 se llegó a un compromiso de financiación, un sistema mixto de pago entre la Administración General del estado y las CCAA, y el Estado, desde su inicio, no ha llegado ni al 20% cuando tenía un compromiso del 50%. Por ello, proponemos que se cumpla la ley, que todas las personas con dependencia puedan ejercer su derecho y acceder a servicios y prestaciones y que se cumpla con los compromisos adquiridos de financiación”, agregó.

Por su parte, la senadora María Luisa Carcedo Roces, del Grupo Parlamentario Socialista, añadió que “esta ley no es viable y esta es una frase categórica del actual presidente del Gobierno cuando era candidato a las elecciones en 2011. Es verdad que es una ley constitucional y pone a prueba nuestro sistema autonómico. El Estado es el que no cumple y desoye su compromiso con esta ley. La consecuencia es un quebranto a las arcas de las comunidades autónomas de 1.767 millones de euros”.

La senadora Asunción Sánchez Zaplana, del Grupo Parlamentario Popular, añadió que “hay que llegar a un consenso porque la población envejece y las personas con dependencia y con discapacidad necesitan que el Gobierno y las CCAA lleguen a un acuerdo. Es cierto que esta ley no recogía un modelo claro de financiación. En 2011, el Gobierno se encontró con un sistema de la dependencia colapsado con más de 300.000 personas en listas de espera. Por ello, a partir de ahora debemos trabajar juntos para que esta población pueda cumplir su proyecto de vida. El Partido Popular quiere revisar esta financiación para que sea equitativa y contente a todos”.