El Ejecutivo asegura, en una respuesta parlamentaria, que el Convenio de Traslado de Personas Condenadas firmado con Marruecos en 1997 funciona "de forma satisfactoria".

"En todo momento se han buscado por ambas partes soluciones flexibles para permitir acelerar al máximo el traslado de los condenados a sus países de origen, considerando cada caso individualmente e invocando razones humanitarias en determinadas circunstancias", explica el Gobierno.

Estos traslados, precisa, se enmarcan en este convenio y, en consecuencia, deben cumplirse los requisitos previstos en el mismo en cuanto a la duración de la pena, existencia de sentencia firme o ausencia de recurso.

No obstante, agrega, "se ha conseguido en muchas oportunidades y tras múltiples gestiones, tanto de la Embajada como de los Consulados Generales de España, que la parte marroquí acceda al traslado de dichos detenidos, aún en los casos de impago de la multa impuesta, cuando los detenidos se encuentran en grave estado de salud".

En todo caso, el Ejecutivo asegura que las autoridades españolas seguirán insistiendo ante las marroquíes para que agilicen las cuestiones procedimentales, "que en algunas oportnidades retrasan más de lo debido los traslados por razones humanitarias de algunos detenidos".