Garzón basa su iniciativa parlamentaria en los datos aportados recientemente por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, cuyos responsables han expuesto que son las comunidades autónomas las que soportan el 82% del gasto. “Así, considerando que el gasto público por beneficiario del sistema es de cerca de 8.500 euros al año, las comunidades autónomas aportan 7.000 euros y la Administración General del Estado apenas 1.500 euros”, detalla.

Quiere por ello que el Gobierno aclare cómo valora esa denuncia y qué medidas piensa tomar para igualar la aportación autonómica en la financiación del sistema.

Recuerda que la ley establece que el sistema debe ser financiado, en su parte pública, a partes iguales por el Estado y por las comunidades autónomas. Sin embargo, los datos demuestran que las administraciones autonómicas tienen razón en sus denuncias, compartidas por los colectivos que alertan sobre los recortes acometidos desde 2012.

Garzón reclama datos detallados sobre el recorte de recursos acumulado desde 2012 y el número de personas dependientes que no recibe ninguna prestación o servicio.