España tiene la séptima mayor tasa de población urbana en riesgo de exclusión del conjunto de la Unión Europea, una situación que, según el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, “se está viendo agravada por la dificultad en formar Gobierno”, ya que “son las personas más vulnerables las que más intensamente sufren los retrasos en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, en la concesión de ayudas y subvenciones o en el establecimiento de planes estatales de lucha contra la pobreza, de fomento del empleo o de atención a colectivos como el de la discapacidad o los inmigrantes”, entre otros.

Aunque es cierto, remarcó Poyato, que “el país ha seguido funcionando y que las entidades sociales han seguido trabajando intensamente”, la dificultad de encontrar acuerdos políticos para la formación del Gobierno está “impactando directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, además de demorando procesos de avance social como el iniciado el pasado año con la aprobación de la Ley del Tercer Sector de Acción Social”.

Para Poyato, esta ley supuso “uno de los mayores logros del sector social en España, dotándolo de identidad y de un marco jurídico que se hacía necesario hace ya muchos años”, y lleva consigo un reglamento para su despliegue efectivo que necesitamos “que el próximo Gobierno, sea cual sea, tome como bandera, llevándolo a sus prioridades para el combate de la pobreza y la exclusión social en España”.

Tras una legislatura como la pasada, “vacía para las medidas sociales, en momentos cruciales para la sociedad, deseamos que no se repitan los mismos errores y podamos hablar de una legislatura de compromiso y solidaridad hacia las personas que más lo necesitan”, concluyó.

El papel de interlocución política que las entidades sociales tienen y deben tener con las administraciones públicas será uno de los aspectos sobre los que versará la Convención del Tercer Sector que tendrá lugar el próximo 25 de octubre en Madrid y que impulsa la Plataforma del Tercer Sector.