Tras informar de que a fecha de 31 de agosto de 2016 había 12.840 solicitudes, dijo que esta cifra supone que se han recibido 2.389 más que en el periodo de enero a agosto del 2015.

El alto cargo de la Consejería de la Consejería de Políticas Sociales y Familia relacionó el crecimiento de solicitantes con la “finalización de otras prestaciones” y se mostró convencido de que la cifra “no subirá de manera considerable en los próximos años”.

Indicó que el incremento de solicitudes lleva consigo un aumento del volumen de gasto y destacó que en 2008 había 8.657 familias perceptoras, 26.000 en 2015 y casi 30.000 en septiembre de este año.

Gómez-Tavira señaló que mientras en 2008 se gastaron en estas cuestiones 41 millones de euros, en 2015 se destinaron 121 millones y añadió que desde enero los perceptores de la RMI cobran 400 euros para la primera persona, 112 para la segunda y 75 para la tercera, y no los 374 euros que cobraban anteriormente.

También se refirió a los beneficiarios de la RMI y dijo que el 34% lleva más de seis años recibiéndola y que el 15% de ellos supera los diez años. Asimismo, afirmó que el 30% de los perceptores de esta renta son inmigrantes y el 57% de ellos son marroquíes.

También habló de la necesidad de la inserción laboral de las personas que reciben la RMI y de la dificultad de conseguirlo, ya que las cifras dicen que muy pocas personas lo consiguen, por lo que planteó la necesidad de reformas legales encaminadas a conseguir la integración laboral de estas personas.

El diputado de Ciudadanos Alberto Reyero coincidió con el director de Servicios Sociales en la necesidad de reformar la ley que regula la RMI y pidió que la cuantía de esta prestación se aproxime a la media nacional y que se recuperen para 2017 los proyectos de inserción.

El diputado de Podemos Raúl Camargo denunció que la cuantía de la RMI es la cuarta más baja de España, dijo que con esta cantidad es imposible vivir decentemente y pidió que se incremente la cuantía de la RMI.

Por su parte, la diputada socialista Josefa Navarro explicó que debido a que el 51% de los parados madrileños carecen de protección, “muchos de ellos tienen que pedir la RMI” y pidió que se incremente la plantilla servicios sociales para atender más rápidamente estas solicitudes.

La diputada del PP Gador Ongil destacó el hecho de que se han producido ampliaciones presupuestarias de 27 millones de euros para la RMI, “lo que supone una apuesta clara y decidida” de la Comunidad de Madrid en esta materia.