En declaraciones a los periodistas, Canalda afirmó que se trata de un asunto complejo, pero el posicionamiento de la Administración regional "parece razonable", ya que el colegio de Pozuelo tiene unas normas de régimen interno votadas por alumnos, profesores y padres.

"Lo que hay que ver es si esas normas, de alguna manera, están poniendo en una situación de inferioridad a esas niñas", indicó el Defensor del Menor, quien precisó que en principio no parece que sea así, pues la Comunidad de Madrid les ha ofrecido la posibilidad de mudarse a un colegio donde no exista esa limitación y su derecho a la educación está garantizado.

En cualquier caso, dijo que quizá lo razonable sería que el centro de Pozuelo valorase la situación desde un punto de vista humano, pero sólo se puede "dejarle libertad" para actuar o "cambiar la ley". "Desde luego, desde el punto de vista de los derechos, no parece que haya habido ninguna vulneración", subrayó.