Los padres del niño consultaron con varios médicos del Servicio Aragonés de Salud que indicaron que la hormona del crecimiento era la única solución para su hijo. Tras varios estudios y ante la urgencia de la terapia, el niño recibió el tratamiento en la sanidad privada en abril de 2014, que fue costeado por los padres y deberá mantenerse al menos cinco años.

El gasto generado fue de 7.200 euros anuales. La sentencia dictada ahora condena al gobierno de Aragón al pago de 11.505 euros. Según explicó en un comunicado el Defensor del Paciente, “incluso el Servicio de Pediatría del Hospital de Barbastro, en informe de 14 de enero de 2015, manifestó que el tratamiento estaba dando muy buen resultado, requiriendo a la Administración la aprobación por el Comité Asesor para que la familia no tuviera que estar abonándolo de su bolsillo”.

Después de que el Gobierno de Aragón instara la suspensión del tratamiento por período de cuatro meses, para valorar su efectividad, durante este tiempo se constató la falta de crecimiento del niño, por lo que los padres tuvieron que ir a juico para que el Gobierno regional pagara el tratamiento del menor.

Su presidenta, Carmen Flores, aseguró que “pese a que los Tribunales de Justicia han dictaminado que el Gobierno de Aragón ha de hacerse cargo del coste del tratamiento, que precisa este niño para su crecimiento, es muy llamativo que de manera deleznable el Gobierno de Aragón se oponga al reintegro de gastos y anuncie recurso contra dicha sentencia, quedando en evidencia que la salud de los niños, con este tipo de problemas, le importa muy poco a los dirigentes de la comunidad aragonesa”.