El Tribunal estima así el recurso de la Fiscalía, al que se adhirió la Federacao Das Associacoes Dos Atletas Profissionales y la empresa DIS, propietaria del 40% de los derechos federativos del jugador, y quien interpuso la querella que dio lugar al presente procedimiento judicial.

En el auto, los magistrados de la Sala Penal analizan la resolución del juez instructor y la documentación obrante en la causa, así como los contratos relativos al fichaje del jugador brasileño objeto de investigación.

Respecto del delito de corrupción entre particulares, los magistrados examinan dos contratos de 15 de noviembre y 6 de diciembre de 2011 cuyo objeto es precisar las condiciones de transferencia del jugador y concluyen que hay indicios de delito por cuanto "mediante la firma de los contratos se alteró el libre mercado del fichaje de futbolistas” porque (…) si Neymar Jr incumplía el contrato, debía abonar no 40.000.000 de euros, sino los otros 10 anticipados e ingresados en la sociedad N&N.

En relación al delito de estafa impropia, circunscrito a los contratos celebrados en el 2013 cuando el FC Barcelona anticipa la contratación de Neymar Jr, sin esperar que fuera libre a partir de julio de 2014, de los contratos obrantes en actuaciones se constata que, en principio, explican, el 31 de mayo de 2013, el Santos FC cedió al FC Barcelona los derechos federativos por el precio de 17.100.000 euros, operación que fue comunicada a DIS que percibió el 40%.

"Ahora bien", dicen los jueces, sobre esta premisa, tienen lugar otros contratos que el juez tilda de habituales en el mundo futbolístico, pero en los que este tribunal aprecia indicios de simulación "consciente y urdida para la comisión de estafa".

Entre ellos, menciona el contrato para la celebración de un partido amistoso entre el FC Barcelona y el Santos FC, de carácter gratuito, en el que expresamente se pactaba que si el contrato no se celebraba mientras Neymar era jugador del FC Barcelona, este club abonaría al Santos FC la “no despreciable" cantidad de 4.500.000 euros.

"A través de este contrato puede desprenderse, sin dificultad, de una parte, el desconocimiento de los derechos a favor de DIS y, de otra, la vinculación de este pacto al fichaje del jugador acabado de realizar", señalan los magistrados, quienes añaden que, a día de hoy, las partes reconocen que este contrato no se ha celebrado.

Analizada toda la prueba los magistrados concluyen que "habida cuenta de que tras la profusa investigación llevada a cabo hasta la fecha, se deduce indicios suficientes de la comisión de los delitos ya indicados", por lo que en consecuencia procede la estimación del recurso y la revocación del auto de archivo.