Becerril inauguró este jueves en el Parlamento de Navarra las XXXI Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, dedicadas en esta edición a analizar 'La invasión del domicilio por ruidos: la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la integridad física y psíquica'.

“Los Defensores recibimos quejas de ciudadanos que nos describen lo que ocurre en torno a su domicilio, los ruidos que se producen, que no les dejan vivir, y que nos dicen que la Administración, en general ayuntamientos, no corrigen la situación”, indicó Becerril.

La defensora lamentó el tiempo que lleva el lograr que se haga una inspección sobre ruido. “Son llamativas las horas no oportunas de esas inspecciones y es también llamativo el no cumplimiento de las medidas exigidas, tras esa misma inspección, o la escasa eficacia de sanciones”, señaló.

"DAÑO" CAUSANTE

Becerril manifestó que la sociedad española “no está concienciada sobre el daño que puede causar” el ruido, que “puede arruinar la vida de una persona o de una familia” y advirtió de que “la invasión del domicilio por ruidos es un asunto que produce daños no fácilmente valorables desde un punto de vista económico, pero de consecuencias psíquicas y físicas muy importantes".

La defensa de “los derechos de las personas a no vivir contaminados por el ruido”, agregó, se apoya en una amplia jurisprudencia que incluye sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Todos ellos, subrayó, consideran que “el ruido puede suponer la vulneración del derecho de la intimidad de la persona y del principio de inviolabilidad del domicilio. Principios fundamentales en un estado de Derecho”, comentó Becerril.

Organizadas por el Defensor del Pueblo de Navarra, las jornadas cuentan con la participación de los titulares de las defensorías existentes en España: el Defensor del Pueblo Andaluz, el Síndic de Greuges de Catalunya, el Valedor do Pobo de Galicia, el Diputado del Cornún de Canarias, el Ararteko del País Vasco, el Justicia de Aragón, el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana y el Procurador del Común de Castilla y León.