Así se expresó en una rueda de prensa en la Delegación de la Generalitat de Cataluña en Madrid, una vez concluyó su declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo, al que respondió por espacio de dos horas como presunto responsable de los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia, relacionados con la convocatoria de la consulta soberanista del 9-N de 2014.

“Lo que hicimos fue evidentemente legal, actuamos a conciencia cierta”, sentenció, para agregar que el 9 de noviembre de 2014 se tomaron decisiones con un mandato del Parlament “muy claro” y con un marco legal también “muy claro y muy nítido”, que establece que el gobierno autonómico “está obligado a facilitar la participación política”.

Así las cosas, criticó que la sentencia de este proceso “ya está dada”, ya que, a su juicio, hay una “actividad gregaria” entre el Gobierno, la Fiscalía y los jueces instructores de esta causa. “Todo apunta a que está configurado un prejuicio en todo esto y que simplemente se tienen que establecer los términos precisos”, aseveró.

"HILO GREGARIO DEL PP"

En este sentido, hizo hincapié en que esta es una causa política y no jurídica, “donde el derecho se utiliza como pretexto”. “Lo relevante aquí es seguir el hilo gregario de lo que ha establecido el PP, el Gobierno y acto seguido la Fiscalía y la instrucción”, denunció, al tiempo que reafirmó que “la Fiscalía está actuando al albur de lo que le dicta el PP”.

En su opinión, el PP tiene una “obsesión política partidista” con todo lo relativo a las aspiraciones independentistas y, en consecuencia, “no sabe abordar la cuestión catalana con sentido político y de Estado” y tiene que recurrir a las instancias judiciales “para intentar parar lo que de forma pacífica y de acuerdo a la ley se hizo en Cataluña el 9-N”.

Por ello, apuntó que la resolución de este proceso “está cantada” antes de dar audiencia a todas las partes por un “prejuicio” que está arraigado entre las “altísimas instituciones del Estado de Derecho” en España. “¡No por esto nos van a amedrentar ni vamos a dejar de continuar haciendo lo que estamos haciendo!”, exclamó.

“Políticamente no vamos a acatar decisiones que provienen de un proceso que es político y no jurídico y no tiene las garantías que tendría que tener”, dijo con contundencia el portavoz en el Congreso de los Diputados de la antigua Convergència al ser preguntado si la Generalitat acatará las decisiones que determine la Justicia.

Dicho esto, el exconsejero de Presidencia incidió en la legalidad de la consulta del 9-N por cuya implicación ha declarado hoy y subrayó que nadie va a “limitar” la actuación de quienes desean continuar con el proceso separatista.