En concreto irán a juicio Abdallah Younes, exatleta que distribuía sustancias, y su hermano El Mostapha; Fernando Asensio Martos; Pedro Antonio López Molero, dueño de una tienda de nutrición en Cerdanyola; David Martín Real, vinculado con el comercio; el exciclista colombiano Carlos Andrés Ibáñez González, y Francisco Fenoy Rozalen, que se dedicaba a repartir las sustancias prohibidas.

El doctor Beltrán suministraba a los miembros del equipo las sustancias dopantes e impartía las directrices necesarias apra su uso. Fue declarado en rebeldía y cesado en su actividad como médico del equipo ciclista. Pasó después a ejercer su actividad en el sultanato de Barheim y Colombia.

En sus viajes entre ambos países hacía escala en España y, según el relato de las Fiscalía, se ponía en contacto con el grupo de personas que se sientan en el banquillo para encauzar la distribución de sustencias dopantes. En concreto les facilitaba las denominadas EPO, EPO-Cera, Saizem y TB-500, que es la hormona del crecimiento para caballo, de exclusivo uso veterinario, que administraban de forma experimental en personas.

Se reunían en el Hostal Torrejón de Torrejón de Ardoz (Madrid). Los hermanos Younes eran su contacto principal. Ellos, por su parte, tenían proveedores como Asensio Martos o Martín Real. En el registro de la tienda 'Sport Fitness Iluro' de Asensio se encontrarón más de una veintena de estas sustancias bajo sus nombres comerciales. También se encontraron varias jeringuillas cargadas con hormona del crecimiento (Saizen) en el cento 'Élite Sport' de López Molero.

Otra vía de distribución era la que mantenía abierta el colombiano Carlos Andrés Ibáñez, en su día trabajador de la academia de formación de bomberos Oposur, que planificaba el dopaje de varios de sus alumnos. Uno de ellos, Francisco Fenoy, era el encargado de la distribución y ensayo de sustancias entre alumnos de dicha academia ente los aspirantes a superar las oposiciones a bombero.

La Fiscalía sostiene que los hechos son constitutivos de un delito de pertenencia a grupo criminal, por el que pide un año de prisión para cada procesado, y otro contra la salud pública, por el que solicita dos años de cárcel y una multa de 6.480 euros.