Según el texto aprobado por el Consejo de Gobierno canario, esta norma ha generado "indefensión” a su comunidad autónoma por “la omisión clara, manifiesta y ostensible del trámite de consulta previa".

El ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, sostiene que este trámite ya se cumplió con la convocatoria de la Conferencia sectorial de Educación en mayo, pero Canarias entiende que ese no es el cauce legal previsto en la tramitación de la normativa.

En este sentido, el Gobierno que preside Fernando Clavijo subrayó que no hubo una información previa del documento para poder presentar las correspondientes alegaciones.

En el recurso que elevará ante el Tribunal Supremo, el Ejecutivo de las islas también alega que el Consejo de Ministros "se ha extralimitado al aprobar un real decreto de carácter reglamentario cuando está en funciones".