Conde-Pumpido se pronunció de esta forma en Madrid, al intervenir en las Tertulias de Economía Entorno Empresarial, donde el fiscal general fue presentado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.

Durante este encuentro informativo, el jefe de los fiscales se refirió a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y cuestionó que “grupos minúsculos” o “ideológicamente marcados” actúen como acciones populares.

En este sentido, el fiscal general se refirió a que en los países del entorno español el “monopolio” de la acción penal la tiene el Ministerio Público, al tiempo que señaló que “en un Estado democrático serio y avanzado no puede” que la Justicia penal se concentre en asuntos distintos que los que afectan “a la base de convivencia” y a los problemas de los ciudadanos.

A su juicio, no es conveniente que la actuación de los tribunales “gire alrededor de querellas mediáticas interpuestas por fiscalías paralelas”, en referencia a las acciones populares. Añadió que estas acusaciones promueven causas que más que ver “con intereses particulares, de contenido más político que jurídico, a veces revestidos de una vaga invocación a lo colectivo”.

A su entender, estos asuntos deberían resolverse en el “foro político”

o en otras “instancias sociales”.

Además, destacó que “es hora de que la ley también se haga eco de la Constitución en este punto”, ya que “no es casualidad” que en otros países la exclusividad de la acción penal la tengan los fiscales.

A este respecto, Conde-Pumpido se refirió expresamente al “caso Egunkaria”, a los procesos contra Garzón y al juicio por las conversaciones con Batasuna como tres ejemplos que prueban la necesidad de reformar la figura de la acción popular y de introducir una regulación “limitada y razonable”.