El PSOE ha conseguido sacar adelante el decreto en una sesión tensa en la que el ministro de Fomento, José blanco, mantuvo una continua discusión con senadores populares que llevó a que el presidente del Senado, Javier Rojo, retirara el derecho de palabra a Javier Arenas.

En dicha comisión, se aprobó la incorporación al proyecto de dos enmiendas de supresión del BNG relativas a dos puntos referentes a la designación de proveedores civiles de servicio de tránsito aéreo.

Algunos de los cambios incorporados por el decreto en su paso por el Congreso fueron fijar la edad de jubilación de estos profesionales en los 57 años o reducir de 1.750 a 1.670 horas ordinarias anuales más 80 extraordinarias el horario de los controladores con lo que se adecua a lo fijado en el Estatuto de los Trabajadores.

En la defensa del proyecto de ley, Blanco destacó que se trata de una “reforma estructural totalmente necesaria para garantizar la seguridad, continuidad, sostenibilidad y eficiencia del sector aeronáutico”.

Por su parte, en nombre del PP, que rechazó el proyecto tras aprobarlo en el Congreso, la senadora María Ángeles Font, justificó este cambio de postura en que “la urgencia del decreto no es muy entendible cuando el grueso del proyecto viene referido a los privilegios de unos trabajadores que han estado cinco años prolongándose”.

Además, Font, quien denunció la incapacidad de AENA para llegar a acuerdos con los controladores y la pérdida de las funciones que le corresponden, tachó de “lamentable y sorprendente la demonización de este colectivo de trabajadores” llevada a cabo por el Gobierno que según Font “achaca a los controladores el aumento de las tasas cuando este se debe a la deuda de 12.000 millones de AENA”.

Por todo ello, calificó la ley de “cortina de humo” y denunció que “se mete de rondón la privatización de las torres de control”.

A todo esto, Blanco respondió al PP acusándolo de mentir “como forma de argumentar un cambio de posición política” y afirmó que el problema de los controladores viene de 1999, cuando se firmó el convenio, y recordó que en ese momento el ministro era Rafael Arias Salgado.

De hecho, señaló que en 1999 el coste de la navegación aérea ascendía a 150 millones y que como consecuencia del convenio alcanzó los 700 millones en 2008. además, recordó que la remuneración de los controladores no obtuvo nunca la aprobación de la intervención general del estado.

Según los controladores, al entrar en vigor esta normativa tal y como salió del congreso, la operativa del aeropuerto de barajas puede verse seriamente afectada ya que dejarán de de estar en las torres 31 de estos profesionales. Por su parte, AENA niega este impacto negativo, ya que asegura que 18 de estos 31 serán sustituidos automáticamente por profesionales habilitados que desempeñan otras funciones, básicamente formativas.

El decreto, que fue aprobado por el Gobierno el pasado 5 de febrero y ratificado por el Congreso el 11 de ese mismo mes, ha sido denunciado por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ante la Audiencia Nacional al considerar que incumple algunos artículos de la constitución y del Estatuto de los Trabajadores.

La Audiencia Nacional ha fijado para mañana jueves la vista oral de esta demanda de conflicto colectivo que presentó USCA el pasado 5 de marzo.