En este sentido, la propuesta aboga por que el nuevo sistema se base en cuatro criterios: "suficiencia e estabilidade financeira" que garantice el futuro desarrollo de la ley; la cobertura integral de la atención a la dependencia, de forma que se cumpla la corresponsabilidad de Xunta y Estado de sufragar al 50% los costes; un sistema "equitativo" que tenga en cuenta la dispersión poblacional; y garantías de financiación suficiente a los ayuntamientos "para que poidan desenvolver as funcións que lle corresponden legalmente".

En el debate, la diputada del PPdeG Marta Rodríguez Arias, defensora de la proposición acusó al Gobierno central de no estar cumpliendo "con su obligación" al estar aportando "fondos muy escasos" a las comunidadespara que puedan aplicar la normativa y recordó que la Xunta ha cifrado en 440 millones de euros la deuda del Gobierno central con Galicia en esta materia.

Ante esto, el diputado del BNG Carlos Aymerich criticó la "falta absoluta de rigor y credibilidad" de la Xunta, a la que reprochó que presente esta "peculiar" proposición pidiendo el apoyo de los grupos a algo que es su "acción de gobierno".

Desde el PSdeG, por su parte, la diputada Beatriz Sestayo recriminó a la Xunta y al PP que busquen culpables en Madrid y que "busquen mil excusas para tapar a incompetencia propia" y reiteró que el 43% de los dependientes están esperando por una prestación y criticó que el Gobierno gallego haya acometido una "paralización flagrante de la construción de plazas públicas" de centros para dependientes.