Según datos oficiales del IMSERSO, a fecha de 31 de julio de 2016, había reconocidas oficialmente 4.803 prestaciones de asistencia personal, sobre un total de 1.035.405, “lo que da un porcentaje insignificante”, explicó el Cermi en una nota de prensa.

Siguiendo la estadística oficial, la mayor parte de estas prestaciones se concentran en el País Vasco, con 4.322, mientras que en siete comunidades autónomas (Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Murcia y La Rioja) y en las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), no hay reconocida ninguna.

Para el Cermi, “casi 10 años después de la puesta en marcha de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, estos pobres resultados en materia de asistencia personal obligan a las Administraciones sociales a potenciar y extender esta prestación, generalizándola como la más apropiada para la inclusión en la comunidad y la vida autónoma e independiente”.

La entidad recuerda que según el artículo 19 de la citada Ley, “la prestación económica de asistencia personal tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria”.

En este sentido, el Cermi hace hincapié en que “la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en España, obliga a los Estados parte a proporcionar a las personas con discapacidad la prestación de asistencia personal para asegurar su inclusión en la comunidad”.