Los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo han desestimado los recursos interpuestos por varios familiares de las víctimas del ataque israelí y por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe contra el archivo decretado por la Audiencia Nacional, según consta en un auto hecho público hoy.

El Alto Tribunal, al igual que hiciera la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, considera que la jurisdicción de Israel tiene preferencia para investigar los hechos y que, por lo tanto, los tribunales españoles no pueden hacerse cargo de la causa.

El juez Andreu llegó a imputar en la causa al ex ministro de Defensa israelí Benjamín Ben-Eliezer y a otros seis militares. La querella interpuesta por varios familiares de las víctimas les acusaba de crímenes de guerra por ordenar o participar en el bombardeo en la ciudad de Gaza en el que murieron 15 personas, la mayoría niños, debido a un ataque de la aviación israelí que pretendía acabar con la vida del presunto líder de Hamás Salah Shehadeh.

Los recurrentes alegaban que la Audiencia Nacional había interpretado de forma excesivamente rigurosa y restrictiva la legislación cobre competencia.

INVESTIGACIÓN SUFICIENTE

El tribunal, presidido por el magistrado Juan Saavedra, subraya que sobre el principio de jurisdicción universal que permite a la Audiencia Nacional investigar en algunos supuestos hechos ocurridos fuera de España debe primar “el criterio de subsidiariedad” que da prioridad a la justicia del país en el que se hayan producido los presuntos delitos.

En este sentido, el auto destaca que Israel llevó a cabo una investigación militar de campo sobre el bombardeo en Gaza así como creó una comisión independiente que lleva a cabo su cometido bajo revisión judicial de sus decisiones.

Por lo tanto, los magistrados del Tribunal Supremo consideran que en Israel ha habido “una real y verdadera actuación para comprobar una posible comisión delictiva” y añaden que no puede ponerse en duda “la existencia de un Estado Social y Democrático de Derecho” en el país de Oriente Próximo.

“No puede albergarse incertidumbre acerca del ejercicio de las acciones penales procedentes si se descubren conductas criminalmente relevantes”, señala el Tribunal Supremo.