Esta asociación, que cifra en más de 7.000 millones de euros la financiación pública anual de la Iglesia católica, sostiene que tampoco debe ponerse una cruz en la casilla de fines sociales "porque aproximadamente un 40% de lo que se recauda por este concepto se entrega a organizaciones y fundaciones católicas; de ahí que la jerarquía católica anime a marcar ambas casillas".

Europa Laica considera que "el actual sistema impositivo supone una discriminación para los contribuyentes que no señalan ni la casilla de asignación tributaria para la Iglesia católica ni la de fines sociales, pues quienes marcan una o ambas casillas reducen su aportación al Estado en un 0,7% (o un 1,4% si marcan ambas)".

En su opinión, "con este sistema el Estado conculca el artículo 31 de la Constitución, que indica que todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en condiciones de igualdad".

DISCRIMINACIÓN

Además, Europa Laica rechaza la casilla de asignación tributaria para la Iglesia católica porque considera que "el Estado fija para unos el privilegio de decidir a qué dedican el 0,7% de sus impuestos, mientras que otros no pueden decidir a qué entidad lo destinan".

"La propia existencia de esta casilla refleja el apoyo del Estado a la religión católica y la discriminación para ateos, agnósticos, indiferentes y creyentes de otras religiones", añade Europa Laica, quien asegura que "el Estado vulnera así el artículo 14 de la Constitución, que establece que todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna".

Esta asociación cree que "los fines sociales que puedan cubrir las ONG son de tal importancia que deben ser financiados directamente por el Estado, sujetos a control del Parlamento y sin depender de los vaivenes recaudatorios".

Por último, Europa Laica propone que los fieles "financien de forma directa el culto y el clero de sus confesiones religiosas".