El sindicato considera que "casos que afectan a cuestiones tan sensibles como la libertad de expresión y el puesto de trabajo de una plantilla de trabajadores/as deben contar con todas las garantías procesales y jurídicas".

Además, estima como "cuestiones de gran relevancia" el hecho de que el cierre provisional o cautelar del periódico "no tenía habilitación constitucional directa y carecía de norma legal especial y expresa que la autorizara".

Para CCOO, "todo esto corrobora que el proceso contra el 'Egunkaria' ha carecido desde su inicio de fundamentos legales o jurídicos que justifiquen el cierre del periódico y el procesamiento de los ahora absueltos". Por ello, cree que deben "depurarse responsabilidades para que no vuelvan a producirse hechos como éste".