En la misiva, a la que ha tenido acceso Servimedia, García Gil explica que su objetivo es mostrar “su enorme preocupación por las condiciones en las que se va a llevar a cabo este cambio legislativo, clave para el tráfico y la seguridad aérea españoles”.

Asimismo, explica que “el colectivo de controladores aéreos se ha sentido impotente y frustrado ante una situación de urgencia inexplicable que no tiene ninguna justificación ni económica ni técnica, mucho más cuando no ha existido ninguna situación de huelga, ninguna excepcionalidad que justifique el ejercicio urgente de un castigo tan excesivo y desproporcionado contra un colectivo de trabajadores, a los que no se ha escuchado ny se les ha otorgado posibilidad de defensa alguna”.

Por ello, considera “sorprendente” que un Real Decreto Ley, “a nuestro entender y al de no pocos juristas, claramente inconstitucional en muchos de sus apartados”, haya posibilitado la formulación de un proyecto de ley del Gobierno que se va a aprobar, prácticamente, “sin debate y con un gran secretismo”.

Además, alerta que como consecuencia de esa rapidez en la tramitación de este proyecto de ley se han incluido aspectos que pueden poner en riesgo la seguridad del tráfico aéreo, corregidos y aumentados por la aplicación abusiva de Aena del decreto, sin tener en cuenta “las más elementales normas de seguridad” señaladas por instituciones supranacionales, tales como la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Por otro lado, García Gil, quien llegó a afirmar que los controladores eran capaces de parar un país, denuncia que “ningún colectivo europeo de controladores o colectivo laboral de otra índole en España, tiene unas condiciones laborales tan extremas como las que se nos imponen en la ley que desarrolla el deccreto de 5 de febrero”.

Defiende también que USCA se ha propuesto mantener la voluntad de negociación a sabiendas de la “intransigencia” de Aena que se comprometió a negociar en un clima de paz social y “la respuesta ha sido aplicar una presión insoportable sobre los trabajadores”.

Finalmente, advierte que “esta ley que van a aprobar sus señorías en Pleno el próximo día 14 concede carta de naturaleza a la mayor incautación de derechos laborales legítimamente obtenidos y plasmados en un convenio firmado por las partes” y que “no sólo no garantiza un mejor servicio sino, muy por el contrario, puede afectar seriamente a la seguridad del tráfico aéreo, algo que no parece preocupar al Gobierno”.