Según el sindicato, este mínimo de gasto social “no debe verse afectado por las reglas de limitación del déficit público” ni las medidas que se adopten al respecto y “debe condicionar y determinar” las políticas tributaria y presupuestaria.

Por ello, la central exige derogar la reforma del artículo 135 de la Constitución de 2011 que establece la preeminencia de la estabilidad presupuestaria, reforma que para UGT es “innecesaria y desequilibrada” al introducir “restricciones” a la política económica que pueden afectar a la cohesión social y a las capacidades de desarrollo del país.