En una nota, la federación señala que el cierre fue desproporcionado por su "dudosa cobertura constitucional" y porque acarreó la pérdida de 150 puestos de trabajo.

"Tras el largo y tortuoso proceso judicial que termina hoy, la FAPE exige a las autoridades competentes que reparen el daño ocasionado por el cierre del diario", afirma la FAPE.

La entidad recuerda que la Constitución sólo habilita la suspensión del derecho a la libertad de información y de expresión en supuestos de estado de excepción o de sitio (art. 55.1) y no en los casos de terrorismo (art. 55.2).

Con todo, la FAPE recuerda que no son los medios de comunicación quienes delinquen, sino las personas, por lo que se muestra totalmente conforme con la apreciación del juez Gómez Bermúdez de que cerrar un medio de comunicación "es de dudosa constitucionalidad", agrega la nota.