Así lo dice UGT en un comunicado en el que se hace eco de que la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, de la que el sindicato forma parte, se opone a la aprobación por el Gobierno en funciones de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, los elementos más rechazados de la citada ley.

“El Gobierno no puede legislar olvidando los derechos del alumnado y la equidad del sistema educativo público. Ante el estado de confusión e inequidad que se genera con el real decreto de reválidas y acceso a la universidad, proponemos prorrogar las normativas vigentes en la actualidad hasta la formación del nuevo Gobierno”, dice el comunicado.

UGT considera que la actual situación de un Gobierno en funciones “lo deslegitima para seguir desarrollando la ley educativa”, sobre todo después de que el Congreso de los Diputados aprobara la toma en consideración de la paralización de la normativa.

Según el sindicato, el Gobierno no prevé salidas adecuadas para el alumnado que no supere las pruebas, y la única alternativa a la repetición del examen es aceptar la Formación Profesional Básica, si se ha suspendido la prueba de ESO, o a cambiar hacia la FP si se suspendió la de Bachillerato.

Además, UGT cree que la evaluación que propone no responde a los objetivos que una normativa sobre dicho asunto debería proponer. “La prueba diseñada no contiene información sobre las capacidades, expectativas e intereses del alumnado que puedan contribuir al objetivo razonable de mejorar su orientación. En lugar de orientar, el resultado de la prueba obliga al alumno a seguir o no seguir determinadas trayectorias”, añade.