La confederación señala en un comunicado que el pasado 12 de mayo el Patronato aprobó un texto de convocatoria de ayudas para la formación que, sin embargo, hoy “ha sido unilateralmente modificado por el Gobierno sin respetar el acuerdo”.

Ello ha ocasionado, agrega, que las organizaciones empresariales y sindicales y la mayoría de las comunidades autónomas se hayan desvinculado de una convocatoria que previsiblemente se aprobará en Consejo de Ministros las próximas semanas.

La CEOE indica que esta decisión de "expulsar" a patronal y sindicatos de dichos órganos “no se ajusta a derecho, ya que no sólo contraviene el Convenio 88 de la OIT sobre la obligación de consulta a los interlocutores sociales en asuntos relacionados con el empleo; sino que, además, es contraria a reiterados pronunciamientos de la Audiencia Nacional y del propio Tribunal Constitucional”.

La patronal agrega que la formación “ha sido históricamente una materia estratégica para la competitividad de las empresas y la cualificación de los trabajadores”, desarrollada en el marco del diálogo social mediante los sucesivos acuerdos que desde 1992 se han firmado con los diferentes gobiernos.

“Esta nueva medida del Gobierno justifica la discrepancia que siempre han manifestado las organizaciones empresariales respecto a la vigente reforma del modelo de formación, y que ha consolidado un sistema claramente intervencionista, politizado, burocrático, poco transparente en cuanto al destino de los fondos y muy alejado de las necesidades empresariales”, asevera.

CEOE afirma que “son las empresas y los trabajadores quienes financian el sistema mediante la cotización de la cuota de formación profesional, cuyos fondos deberían tener un único fin: su formación”.

Por ello, demanda que sean considerados como los “auténticos protagonistas del modelo, máxime cuando son los principales conocedores de las necesidades formativas, en constante evolución, del tejido productivo”.

Las organizaciones empresariales, tras el balance negativo del primer año de vigencia de la Ley de Formacion, consideran “urgente” su modificación, por lo que "es su voluntad continuar negociando con quien corresponda en cada momento, alcanzando consensos que permitan construir un sistema que realmente mejore la competitividad de las empresas y facilite el ajuste de la cualificación profesional de los trabajadores a las necesidades reales de las empresas".