Entre las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para impulsar la recuperación económica, se encuentran varias destinadas a acelerar la reestructuración del sistema financiero.

Entre ellas, el Gobierno ha decidido clarificar el régimen aplicable a la SIP, con el objeto de garantizar su seguridad jurídica, indicó en rueda de prensa la vicepresidenta económica.

Así, en las iniciativas concretas se encuentra una permanencia mínima de 10 años en el sistema, y no se recoge la posibilidad de que estos entes puedan ser una agrupación de cajas, por lo que tendrán que adoptar una forma de banco, indicaron fuentes de Economía y Hacienda.

Además, cada uno de los integrantes del SIP tendrá que garantizar una solvencia del 40% y poner en común al menos el 40% de sus beneficios.

Para conocer qué consecuencias tributarias tendrá la conformación de un SIP, las entidades acudirán al Banco de España quien pedirá un informe al Ministerio de Economía y Hacienda.

Por otra parte, el Gobierno reduce los plazos y trámites asociados al funcionamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), con el fin también de acelerar el proceso de reestructuración del sector financiero español.

Así, por ejemplo cuando una entidad de crédito presente debilidades en su situación económico-financiera que pudieran poner en peligro su viabilidad la entidad tendrán que presentar un plan de actuación en el mismo momento en que lo comunique al Banco de España, y no en el plazo de un mes que recoge la actual normativa.

Si es el Banco de España quien detecta la debilidad, ha de presentar en plan en 10 días.