Según la CNMC, estas limitaciones “repercuten negativamente en el bienestar social” y no están justificadas por corrección de un fallo de mercado o por la protección de un objetivo de interés público.

Considera que los problemas que plantean estos requisitos impugnados se refieren a la prohibición de que operadores distintos a la Universidad de Zaragoza ofrezan titulaciones que ésta ya imparte en determinados campus, a la exigencia de una demanda social potencial para implantar nuevas titulaciones y a la obligación a las universidades privadas de aprobar y justificar sus fuentes de financiación económica y disponer de un plan de viabilidad y cierre en caso de quiebra.

la CNMC argumenta que la “la competencia entre universidades constituye el mejor mecanismo del que dispone una sociedad para conseguir que éstas presten sus servicios con calidad y eficiencia”, respondan de forma adecuada a la demanda, aseguren un ajuste entre oferta y demanda de habilidades y formación en el mercado laboral e impulsen la innovación, la productividad y el crecimiento económico.

“Desde hace décadas, el sistema universitario español se caracteriza por la existencia de numerosas barreras normativas a la competencia, que afectan negativamente al desempeño de sus universidades, reducen su eficiencia y calidad y limitan su contribución al crecimiento económico”, añade.

En este contexto, mantiene que las restricciones incorporadas en el acuerdo del Gobierno de Aragón restringen la oferta de plazas en distintas titulaciones y limitan la variedad, la calidad, la innovación y la eficiencia en los servicios prestados por las universidades.