Fefe asegura en un comunicado que "esta norma conculca el derecho a la libre elección de farmacia por parte de los ciudadanos, al crear nuevos espacios de dispensación en las farmacias de hospital para medicamentos que precisen visado, limita la gestión de compras y, en algunos tramos de deducción, se dispensará a pérdidas en las oficinas de farmacia".

También denuncia que "el importante impacto económico y la limitación de la gestión de compras implicará, un grave deterioro del servicio, dificultará el mantenimiento del servicio de guardias y tener stock suficiente para satisfacer las demandas de los ciudadanos".

Además, ha decidido "canalizar recursos ante los Tribunales Superiores de Justicia en todas las Comunidades Autónomas sobre la constitucionalidad del citado decreto a los que se podrán adherir todos aquellos farmacéuticos que se consideren afectados".