Estos datos fueron destacados este jueves por el Ministerio de Justicia, que resaltó que hoy se cumple el plazo de cinco años que la Ley 18/2011 establece para que las distintas administraciones públicas doten a las oficinas judiciales de los medios necesarios para la tramitación electrónica de los procedimientos.

A través de un comunicado, el departamento que dirige Rafael Catalá resaltó que, para afrontar el mandato de la ley de 2011, este ministerio tiene disponible desde el pasado 22 febrero de 2016 la llamada “solución Justicia digital”.

SIN PAPEL

Este mecanismo consiste en dotar a las sedes judiciales de las comunidades autónomas gestionadas por el Ministerio de los medios necesarios para que el proceso judicial sea digital. Esto implica que los juzgados cuenten con un sistema de tramitación en el que las comunicaciones (demandas, escritos, notificaciones y expedientes administrativos), firma, visionado y consulta de documentos y archivos son íntegramente digitales, de manera que se ha eliminado el papel del proceso y se han otorgado mayores garantías a todos los actos jurídicos.

El departamento que dirige Catalá resaltó que la ‘Justicia digital’ funciona ya en todas las capitales de provincia y localidades más importantes que son competencia del Ministerio.

Además, este nuevo procedimiento ha permitido que el tiempo de tramitación de documentos se haya reducido de 60 a 19 días y que en los últimos años se hayan ahorrado más de 250 millones de euros en gastos.