En un comunicado, Adif señala que la intervención judicial y el registro de algunas oficinas en Madrid y Barcelona se produce a instancias de la información que suministró el pasado 4 de noviembre de 2014 a la Fiscalía.

“Son consecuencia, igualmente, de la investigación exhaustiva desarrollada por la auditoría interna, refrendada posteriormente por auditorías externas, cuyos resultados fueron puestos a disposición de dicha Fiscalía”, añadió.

Adif explica que estos informes “evidenciaban la posible existencia de irregularidades, que podrían ser constitutivas de delito, en el desarrollo de las obras que se realizaban en el entorno de La Sagrera, motivo por el cual fueron puestos a disposición judicial”.

La investigación actual, que se encuentra amparada por el secreto de sumario, se circunscribe a los trabajos realizados en dicho entorno, añade el gestor ferroviario.

Además, la empresa pública apunta que puso en marcha en 2013 un paquete de medidas de control, entre las que se encontraba la creación de la Dirección de Auditoría Interna, con el “objetivo de mejorar los sistemas de gestión y contratación” de la organización.

A este respecto, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, informó al Consejo de Administración de la sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocitat, el pasado 7 de junio, de que las obras de la estación de La Sagrera han estado paradas porque Adif había detectado irregularidades por parte del adjudicatario de las obras entre el “volumen ejecutado” y el “certificado”.

Gómez-Pomar explicó, según el comunicado, que estas “diferencias” entre lo que constaba como obra ejecutada y lo que figuraba como obra certificada, confirmada luego por una auditoría interna y por otra externa, llevaron a Adif a decidir la paralización de las obras.