La organización recuerda que cualquier actuación en defensa de la legalidad constitucional debe llevarse a cabo por los medios pertinentes, sin que quepan “atajos ilegales” de esta naturaleza.

JpD quiere deslindar su posición sobre este asunto del resultado de las elecciones celebradas el pasado domingo y advierte que “de ser ciertas las noticias que se están difundiendo en los medios de comunicación y con todas las cautelas” es necesario pronunciarse sobre “las inaceptables presiones” del titular del Ministerio del Interior.

Su actuación, dicen en un nota de prensa, revela el “nulo respeto” a las instituciones democráticas por parte de quien dirige las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que, en tal calidad, tiene como misión constitucional “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.

A ninguno de estos fines se atiene el ministro “si utiliza tal puesto para intentar incriminar a rivales políticos en actos de corrupción no investigados ni por la autoridad judicial ni contrastados por los cuerpos policiales bajo su dependencia”.

Juzgan, por tanto, que Fernández Díaz muestra “un profundo desprecio” por las instituciones democráticas. La Oficina Antifraude de Cataluña está comisionada y dependiente directamente del Parlamento de Catalunya, cuyo titular está nombrado por él y ante el que le rinde cuentas. Nació para investigar las 'mordidas' y actos de corrupción comúnmente conocidas como '3%'.

Por eso, desde Jueces para la Democracia denuncian “la utilización ilegal y abusiva de las instituciones democráticas, entre las que se encuentra la judicatura y la Fiscalía, con el fin de eliminar al rival político” y exigen una investigación de los hechos y la depuración de responsabilidades.