La Sala II, por un lado, considera aplicable dicho artículo al delito de integración en organización terrorista, por el que estaban condenados estos cuatro recurrentes. Pero añade que, además, deben valorarse las actividades y misiones de cada integrante dentro de la organización terrorista.

En el caso de los cuatro recurrentes, no se les puede aplicar el artículo, con la rebaja de condena que supone, porque en su caso concreto se trata de responsables territoriales o de área en Gestoras Pro Amnistía, “lo que revela una posición preponderante” en dicha organización, y no de “meros militantes activos que, teóricamente, ocuparían posiciones subordinadas a ellos”.

La sentencia resuelve los recursos planteados por cuatro responsables de gestoras condenados a ocho años de prisión por delito de integración en organización terrorista por la Audiencia Nacional en el año 2008, resolución que fue confirmada por el Supremo en el año 2009.

Ahora, recurrían contra el auto de ejecución de sus sentencias, dictado por la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero, que les denegó la revisión de las condenas que pedían en aplicación del nuevo artículo 579 bis. 4 del Código Penal, que dice textualmente: “Los jueces y tribunales, motivadamente, atendiendo a las circunstancias concretas, podrán imponer también la pena inferior en uno o dos grados a la señalada en este capítulo, para el delito de que se trate, cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido”.

En relación a las circunstancias concretas de cada uno de los cuatro recurrentes, el Supremo señala que José María Olabarrieta fue condenado como responsable de la llamada "área de huidos" de Gestoras; Alejandro Velasco como coordinador en Navarra y además responsable del "área de solidaridad y asistencia"; Joseba Gotzon Amaro como responsable del "área de libertades democráticas"; y Jesús Felipe Arriaga, como responsable de comunicación.

“Todos estos aspectos”, continúa el Supremo, “fueron tenidos en cuenta en la sentencia de instancia (la de la Audiencia Nacional de 2008) para imponer la pena privativa de libertad en una extensión superior al mínimo legal, y condujo a esta Sala a considerar en la sentencia de casación que las penas habían sido individualizadas correctamente, afirmando que las impuestas eran plenamente proporcionadas a la gravedad de unos hechos como los enjuiciados”.