Alrededor de 80.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo no tienen reconocido en España el derecho de sufragio. Por ello, la diputada socialista Mónica Silvana manifestó a Servimedia que el PSOE registrará esta iniciativa y dijo que “Madrid debe ser pionera y solicitar” de medidas. “Las leyes hay que creérselas y si estamos por la plena igualdad hay que arbitrar mecanismos suficientes para alcanzarla“, manifestó Silvana, quien destacó que “nos propondremos lograr que el derecho al voto de todas las personas con discapacidad sea una realidad”.

Tras explicar que en el pasado Pleno de la Cámara regional preguntó al Gobierno autonómico sobre sus planes para “avanzar en la participación política de todas las personas con discapacidad” agregó que “por única respuesta nos dijeron que la Comunidad no tiene competencias” en esa materia.

La diputada socialista señaló que hay más de 80.000 personas en España "que tienen impedido el voto" y que se estima que en Madrid hay unas 8.000 personas que no podrán votar en las próximas elecciones del 26-J. En este sentido, manifestó que “no tendremos una sociedad verdaderamente democrática si seguimos permitiendo que una gran parte de nuestros conciudadanos no pueda ejercitar el derecho al sufragio”.

Informó de que en la convención internacional de personas con discapacidad, aprobada en 2006 y ratificada por España en 2008, se insta a que "los Estados partes garanticen la participación de las personas con discapacidad en la vida política y pública en igualdad de condiciones a los demás, y sobre todo el derecho de votar y de ser elegidos".

Asimismo, se preguntó por qué una persona con discapacidad intelectual "tiene que demostrar su capacidad de comprensión de un programa electoral a diferencia del resto de ciudadanos" y recordó que hay una concejal con discapacidad intelectual en Valladolid.

Además, señaló que en octubre de 2013 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno que elaborara una propuesta de reforma electoral en el plazo de seis meses y denunció que “han pasado casi tres años y no se ha hecho absolutamente nada”.