Dicha reforma pretende castigar con pena de cárcel a los conductores que superen la tasa de un gramo de alcohol por litro de sangre (actualmente el límite está en 0,5 gramos), así como a aquellos que superen en 60 kilómetros por hora los límites de velocidad o circulen con el carné suspendido o retirado.

Según indicó esta organización en un comunicado, en el año 2004 la DGT formuló 2.568.428 denuncias en las carreteras españolas (sin contar el País Vasco y Cataluña), de las cuales un 25% se produjeron por excesos de velocidad; un 3% por alcoholemias y un 8% por infracciones relativas al permiso de conducir.

AEA calcula que aproximadamente 12.840 personas entrarían en prisión por cometer excesos graves de velocidad; 23.121, por alcoholemias y 23.021 por circular con el carné suspendido o retirado.

La suma de los tres grupos de infractores anteriores, que supondría un total de 58.982 personas que cada año tendrían que entrar en prisión, duplicaría la población reclusa actual que, según AEA, es de 61.918 personas entre preventivos y penados.

A juicio de esta organización, esta cantidad "supondría duplicar la actual dotación presupuestaria destinada a la creación de nuevos centros penitenciarios".