A su juicio, el Gobierno "no puede hacerse el sordo" y debe tener en cuenta el manifiesto, ya que, aunque reconoció que no es representivo de todos los ciudadanos, sí lo es de un sector importante de la sociedad.

Recalcó que el 'leit motiv" del manifiesto es el "claro deterioro de la vida pública" que sufre España, debido a una serie e "escándalos de gran magnitud" que los gobernantes se niegan a investigar a fondo para explicar a los ciudadanos lo que ha pasado.

Para Gimbernat, "en vez de eso, dejan el asunto en manos de la justicia", lo que, dada la lentitud de su administración y la complejidad de los procesos, hará que los ciudadanos se enteren "el siglo que viene" de la verdad penal.

A su juicio, "por dignidad, los ciudadanos no pueden observar todo lo que observan y estar callados. No pueden asistir a esta espectáculo cllados, porque eso no es una democracia".

Gimbernat descartó la posibilidad de constituir una plataforma cívica para pedir la dimisión de González, así como la de emitir nuevos manifiestos, ya que, en su opinión, el último es "suficientemente contundente y definitivo".

Preguntado por el hecho de que el manifiesto dé por sentadas una serie de cuestiones que no están probadas judicialmente, como la implicación de los Gal y del Gobierno en los asesinatos de los etarras José Antonio Lasa y José Ignaco Zabala, declaró: "Claro, se va a probar el siglo que viene. ¿Qué hacemos mientras tanto?".

"Una cuestión son las responsabilidades penales y otras las responsabilidades políticas", explicó. "Técnicamente está procesada la cúpula del Ministerio del Interior (...) ¿Qué más hay que esperar? Uno no puede callarse y esperar como si no sucediese nada".

Reiteró que el Gobierno no puede eludir su responsabilidad política cuando "esos señores son sospechosos, hay hechos denunciados, datos que avalan lasdenuncias". Por esta razón, y porque "hay indicios racionales de criminalidad", Gimbernat rechazó la presunción de inocencia esgrimida tanto por el PSOE como por el Gobierno.

BAJO SOSPECHA

Gimbernat puso como ejemplo de asunción de responsabilidades políticas la dimisión de Carlos Solchaga como ministro de Economía y Hacienda cuando el `caso Rubio' salió a la luz. "La responsabilidad política es evitar que las instituciones de la democracia estén bajo sospecha", explicó.

Por su parte, el filósoo Fernando Savater, uno de los intelectuales que se negaron a poner su firma en el manifiesto, declaró a Servimedia que no le parece un texto muy brillante y que está "muy mal redactado".

Sobre el fondo de las acusaciones contenidas en él, dijo que "da por supuestas una serie de cosas que están ahora investigándose" y que prevé que su repercusión será "muy poquita".

Precisó, no obstante, que le parece "perfectamente lógico" que una serie de intelectuales hayan firmado este manifiesto, ya que es lgítimo que "en un país democrático los ciudadanos expresen sus opiniones en política, san las que fueren".