Además de los 320 expedientes abiertos, nueve más están a punto de ser despedidos, mientras que tres trabajadores, miembros del comité de huelga, ya han sido expulsaos alegando faltas graves.

Las sanciones se deben al enfrentamiento que mantienen el grupo de gobierno del ayuntamiento, del Partido Popular, y los trabajadores de la empresa municipal de transporte urbano, que quieren negociar el convenio colectivo de este año mientras el grupo de gobierno actual quiere modificar aspectos de anteriores convenios que consideran "arcaicos".

Desde finales de diciembre se desató un duro enfrentamiento entre ambas partes, llegando a la huelga y a situaciones violenta en las calles. Los "guagüeros" han llegado a bloquear los autobuses en las principales calles de la ciudad, provocando inmensos atascos. Después, debido a lo impopular de estas medidas, decidieron no cobrar el billete a los usuarios.

La oposición, Partido Socialista, Coalición Canaria e Izquierda Unida, ha acusado al grupo de gobierno de no querer dialogar y forzar la situación para tener un pretexto y poder privatizar la empresa.

Por su parte, el Partido Popular asegura que el objetivo de la emresa es no mantener "los privilegios de unos pocos en contra de la mayoría" y "ofrecer un servicio de transporte público, y cuando Guaguas no sea capaz, será responsabilidad del ayuntamiento buscar otra fórmula para ofertar ese servicio".

Mañana, lunes, será un día clave en el conflicto, ya que los trabajadores volverán a su peculiar estilo de ejercer la huelga, con el máximo de servicios posibles aunque sin cobrar a los usuarios. Cardona ha advertido que eso supondría perder diez millones de pesetas iarios y amenaza con el despido a todos los conductores que no cobren a los usuarios, que viajarían sin el seguro de accidentes que cubre el billete.