El estudio, realizado con datos del Instituto Nacional de Estadística y el Banco de España, cifra el capital tecnológico de importación en 1.056.400 millones de pesetas, y el de origen nacional en 700.100 millones.

La parte correspondiente a la tecnología nacional se ha duplicado en los últimos veinte años, lo que ha ocasionado una reducción del componente importado, que afectó más a la tecnología protegida por patentes que a la asistencia técnica.

o obstante, el estudio subraya que el crecimiento del componente de patentes "está notablemente subvalorado como consecuencia de la existencia de una práctica empresarial, generalizada especialmente entre las filiales multinacionales, consitente en hacer figurar los pagos al exterior por su adquisición como pagos por asistencia técnica".

Por otra parte, el informe estima en 247.320 millones de pesetas el gasto en investigación y desarrollo de las empresas españolas durante 1990, con un 74,2 por cientofinanciado por ellas mismas, un 15,4 por cien mediante ayudas de las administraciones públicas y el 10,4 por cien restante obtenido por otras vías.

En opinión del autor, el esfuerzo realizado por la política tecnológica en el último quinquenio ha permitido equiparar el nivel de las aportaciones públicas a la media de la Comunidad Europea.

Sin embargo, estima que el déficit acumulado a lo largo de la década de los ochenta asciende a más de 88.000 millones de pesetas, es decir, que "la financiaciónpública española de actividades empresariales de investigación y desarrollo tendría que haber sido 2,35 veces mayor de lo que realmente se verificó".

HACE FALTA UN SIGLO

El capital tecnológico por habitante es en España entre 11 y 21 veces inferior al de los países más desarrollados, como Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania y Gran Bretaña. El informe estima que, creciendo tecnológicamente al doble de ritmo que estos paises, España tardará en ponerse a su nivel entre 83 y 100 años.

Por esa azón, considera que la política tecnológica oficial "no puede deternerse, en cuanto a la asignación de recursos a las empresas, en el nivel medio europeo que muy recientemente ha alcanzado", sino que es necesario un esfuerzo mayor, a fin de superar un "retraso de décadas".

Para el autor, la prioridades sectoriales fijadas por la Administración (aeronáutica, químicas, electrónica y serviciso a las empresas) en la concesión de ayudas a la investigación tecnológica supone una discriminación para "las rams de la industria en las que el país cuenta con ventajas tecnológicias, producto de su larga experiencia productiva".

A su juicio, para minimizar los riesgos que implica la concesión de incentivos de forma altamente concentrada, sería preferible repartir más las ayudas, "abandonando progresivamente el esquema de prioridades que actualmente constituye su fundamento".