Este real decreto sustituye la regulación de 1989 y supone, con carácter básico, la modificación de los requisitos de índole técnica y formal que deben satisfacer las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación para el ejercicio de su actividad.

La nueva norma define los procedimientos y métodos de inspección o ensayo que utilizan en su actividad tales entidades y laboratorios, y las exigencias relativas a capacidad, personal, medios y equipos adecuados.

Además, en el caso de los laboratorios, establece las condiciones de seguridad, técnicas y ambientales, exigibles a las instalaciones del establecimiento físico donde realizan su actividad, como el contenido de la declaración responsable o los procedimientos para la justificación de la implantación del sistema de gestión de la calidad.