Los dos militares, que han sido suspendidos de empleo y sueldo mientras dure la condena, se pusieron de acuerdo para conocer datos de la vida privada del suboficial a partir de los correos electrónicos que éste envió desde la página web de contactos ‘El Planazo’.

El sargento primero había entablado una “amistad íntima” con una funcionaria civil del Ejército de Tierra que, al parecer, mantuvo una relación con el teniente coronel condenado, lo que le permitió tener acceso a la cuenta de correo electrónico de la mujer.

Los hechos ocurrieron en el acuartelamiento de Loyola, en San Sebastián, entre 2007 y 2008 cuando los dos tenientes coroneles eran comandantes. A ambos se les condena por un delito consumado de extralimitación en el ejercicio del mando, en su modalidad de comisión de abuso grave mediante prevalimiento del empleo o destino.

De este modo, el Supremo rechaza los recursos presentados por ambos oficiales y confirma la sentencia dictada en septiembre de 2015 por el Tribunal Militar Central.

Según indican los hechos probados en la sentencia, el entonces comandante Pablo B.R. tenía la condición de coordinador informático del Ejército de Tierra, lo que le permitía gestionar los equipos, programas y sistemas informáticos utilizados por las personas destinadas en el acuartelamiento, incluida la solicitud de asignación de archivos identificadores ID y las contraseñas de acceso al correo electrónico oficial o corporativo del personal civil y militar.

En la misma época, el entonces comandante Víctor Z.P. estaba destinado en una unidad en Loyola, y bajo su inmediata dependencia prestaban sus servicios el hoy subteniente y en aquella época sargento primero R.F.M. y la funcionaria civil M.I.L.P., que habían mantenido entre ambos una relación de “amistad íntima”.

La sentencia destaca que en comandante Víctor Z.P. creó dos cuenta de correo electrónico con perfiles aparentemente femeninos desde las que dirigió a la cuenta del entonces sargento primero diversos mensajes de contenido íntimo, algunos de índole claramente sexual, en los que insistía en que le remitiera fotografías en las que se le viera la cara y “de los que se deduce que el suboficial ya le había enviado algunas fotografías en las que no mostraba su rostro pero sí enseñaba otra parte íntima de su anatomía”.

El Supremo destaca que el teniente coronel Víctor Z.P. “se prevalió de su empleo o destino (…) para que el entonces comandante B.R. le proporcionase los archivos identificadores y las correspondientes contraseñas de acceso al correo electrónico”.

Por último, el Alto Tribunal aduce que en este caso concurre el elemento del “abuso grave, pues no hay duda de que lo es el obtener y facilitar los archivos identificadores y las contraseñas de unos correos electrónicos de terceras personas, mediante los que se puede acceder a sus contenidos con directa afectación a la intimidad y a la vida privada y/o, al menos, sin duda, puede quebrantarse el secreto de las comunicaciones (art. 18.3 de la Constitución)”.