Tanto el Ministerio Público como el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, han mostrado su rechazo a que el Tribunal de Cuentas investigue si el Gobierno de Aznar incurrió en una responsabilidad contable al contratar a un lobby americano para que el entonces presidente pudiera obtener citada medalla.

En este sentido, han presentado sendos escritos ante el tribunal en los que aseguran que de los hechos denunciados no se desprende responsabilidad alguna por parte del Gobierno de Aznar. A pesar de esta oposición, el Tribunal de Cuentas ha dado un paso más y ha ordenado a través de un auto hecho público hoy el nombramiento de un instructor para investigar los hechos.

En concreto, el tribunal investigará el acuerdo adoptado el 26 de diciembre de 2003 por el Consejo de Ministros, por el que aprobó el gasto de 2,3 millones de euros para suscribir contrato con la empresa de abogados norteamericana “Piper Rudnick”.

Oficialmente, el contrato se justificó en la necesidad de “asistir al Gobierno de España en la promoción de relaciones más próximas con los Estados Unidos”.

La Fiscalía, en un escrito presentado el 9 de febrero de 2010, señaló que, “sin perjuicio de las posibles irregularidades en la forma de contratación”, no se dan en los hechos denunciados “los requisitos que pudieran determinar responsabilidad contable por alcance a persona alguna”.

INTERÉS PÚBLICO

El Ministerio Público considera que las gestiones para conseguir la medalla del Congreso de los Estados Unidos eran “perfectamente encuadrables en la asistencia contratada” con el bufete norteamericano y asegura que su finalidad era “la satisfacción del interés público general, independientemente de la satisfacción personal que a Aznar le pudiera cuasar su concesión”.

Por su parte, el Abogado del Estado, en un escrito de 16 de febrero, también se opuso a la investigación al considerar que de los hechos denunciados no se desprende que haya responsabilidad contable alguna y hace referencia a la resolución dictada en junio de 2007 por la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se rechazó la querella penal interpuesta contra Aznar al no apreciar la existencia de delitos de malversación de caudales público y falsedad de los que se acusaba al ex presidente del Gobierno.

Excluida la relevancia penal de los hechos, la Abogacía del Estado señala que “desde el punto de vista de la responsabilidad contable, cualquier defecto de tramitación que pudiera existir en el expediente es ajeno al ámbito de competencias del Tribunal de Cuentas y no determinaría la exigencia de responsabilidad contable si no existe perjuicio a los caudales públicos”.

MALVERSACIÓN

En cambio, para los demandantes, los abogados José Luis Mazón, Encarnación Martínez y la asociación Preeminencia del Derecho, existe responsabilidad contable porque parte del dinero del contrato se destino en realidad a promocionar la concesión a Aznar de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos.

“La desviación de fondos públicos para usos particulares, como es la obtención de la citada medalla para Aznar, debe considerarse como una malversación de caudales ya que su aplicación se destinó a usos propios”, señala la denuncia, presentada el pasado 15 de diciembre.

En el auto hecho público hoy, el Tribunal de Cuentas ordena trasladar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento “con el fin de que por ésta se proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor” para llevar a cabo la investigación. Además, ordena dar traslado de la resolución a Aznar en su condición de denunciado.