La decisión se produce tras la manifestación del pasado domingo en Barcelona, donde miles de personas marcharon en apoyo a las leyes de carácter social aprobadas por el Parlament y que han sido recurridas por el Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional.

El acto fue promovido por CCOO, UGT y entidades sociales. La Asamblea Nacional Catalana contribuyó activamente a la participación en la convocatoria, durante la cual se pudieron escuchar gritos a favor de la independencia.

El TC ha acordado dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y a la Generalitat de Cataluña, que dispondrán de 15 días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

En su recurso, el Gobierno ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución. De acuerdo con lo previsto en este precepto, tal invocación produce como consecuencia automática la suspensión cautelar de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados,.

El citado artículo de la Carta Magna dice textualmente lo siguiente: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.

La admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el TC resolverá en próximas fechas.