La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno aprobó el pasado octubre un decreto ley de medidas urgentes por este motivo, que no cuantificó el valor de los daños.

Las medidas de ese real decreto ley se extienden a las personas y bienes afectados tanto por las fuertes precipitaciones caídas Canarias en octubre como en las provincias de Alicante, Almería, Girona, Granada, Málaga, Murcia, Sevilla, Tarragona y Valencia en septiebre y en octubre.

Entonces, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz rehusó cuantificar el coste de los daños y apuntó que el Gobierno determinaría su valor “una vez que, evidentemente, estos hayan sido evaluados y hayan sido ejecutados por las administraciones correspondientes”.

No obstante, mencionó que los temporales afectaron a infraestructuras públicas del Estado (como carreteras secundarias, cuencas de ríos y playas), municipales (fundamentalmente, la red de alcantarillado) y privadas (viviendas, garajes, comercios e industrias).

Sáenz de Santamaría indicó este viernes que, una vez calculados los daños, el real decreto aprobado hoy incluye 19,7 millones de euros en medidas fiscales y laborales, en materia de Seguridad Social y actuaciones sobre el dominio público.