Álvarez manifestó que “las propias clínicas han destapado que sólo la Comunidad de Madrid exige poderes notariales de los padres residentes en el extranjero, copias de orden de alejamiento, declaraciones juradas de alguno de los progenitores alegando que el otro está en paradero desconocido y toda una batería de imposibles que retrasan las intervenciones hasta hacerlas inviables en plazo y que avocan a las menores largos procedimientos que las colocan frente a abortos de riesgo”.

Ante esta situación, dijo que la Comunidad de Madrid puede resolver el conflicto aplicando el artículo 156 del Código Civil que señala que “la patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro”.

“Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad”, según Ángeles Álvarez, quien pidió a la Comunidad, que “curse instrucción inmediata al Sermas (Servicio Madrileño de Salud) para que aplique el citado artículo del Código Civil para no causar daño a las menores ni a sus familias y resolver el asunto de forma rápida y sencilla”.