Así lo indicó, en declaraciones a los periodistas, durante una visita al tercer juego de esclusas de la vía interoceánica que desarrolla el consorcio Grupo Unidos por en Canal (GUPC) y concluirá a finales de este mes.

Manrique señaló que “seguro” que “encontraremos una solución de éxito económicamente”, al ser preguntado por la rentabilidad del proyecto y las reclamaciones que están en distintas instancias por sobrecostes.

El responsable de Sacyr dijo que la “filosofía es que si todo sigue como hasta ahora en las reclamaciones el resultado será satisfactorio económicamente para GUPC”.

En este sentido, explicó que hasta el momento en 11 de las 12 resoluciones de las reclamaciones “nos han dado la razón en que tenemos derecho” a la misma. “Si la tónica es similar, el grupo saldrá bien”, defendió.

Por otra parte, quiso dejar claro que el problema que puso en riesgo la obra a finales de 2013 y principios de 2014 fue de ‘cash-flow’ y se resolvió de “manera razonable al 50% entre GUPC y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)”.

Manrique explicó que las relaciones con el Gobierno de Panamá y con ACP “han sido muy buenas, modélicas y excelentes”.

Además, destacó que la ampliación del Canal “es una carta de

presentación al mundo de Sacyr” y que facilita conseguir socios para ir en consorcios a otras obras importantes. “Nos lo facilita todos los días”, aseguró.

GUPC, en el que además de Sacyr participan la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, estima en 5.581 millones de dólares (unos 5.000 millones de euros) el coste del proyecto.

El precio del contrato con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) asciende a 3.192,7 millones de dólares (unos 2.861 millones de euros), a lo que se unen 465 millones (417 millones en euros) adicionales por las reclamaciones por sobrecostes que ya se han reconocido. Estos cerca de 3.600 millones de dólares (unos 3.230 millones de euros) son de “seguro” cobro.

Además, GUPC tiene reclamaciones interpuestas por un valor de 2.846 millones de dólares (2.230 millones de euros) en las tres instancias que se recogen en el contrato.

Para que el consorcio no pierda dinero sería necesario que se reconocieran, al menos, 1.900 millones de dólares (unos 1.700 millones) de las reclamaciones que quedan pendientes.