En una rueda de prensa en la sede central de su partido tras el Comité de Dirección, Levy dijo que lo acordado por el magistrado De la Mata no es "una condena ni una multa”, en referencia a que se trata de una fianza por responsabilidad civil.

“Es una garantía cautelar que el juez ha pedido que se deposite en base a unas afirmaciones, que nosotros negamos desde un principio, que ha hecho el señor Bárcenas ante el juez”, dijo Levy.

EN EL JUICIO ORAL

A este respecto, señaló que el PP considera “falsas esas anotaciones en esos papeles” de Bárcenas y aseguró que su partido depositará “como garantía cautelar” la cantidad demandada.

Esto es algo que, según defendió, “debe dirimirse en el juicio oral que tenga lugar sobre esta cuestión” y dijo que hasta que el juez dicte definitivamente sentencia no se pueden hacer más valoraciones.

Por último, hizo hincapié en que el Gobierno de Rajoy es el que ha llevado a cabo una “agenda de medidas para luchar contra el fraude y contra la corrupción política” y remarcó el compromiso de su partido con el “fortalecimiento de las instituciones, la regeneración y la transparencia” para que este tipo de cuestiones no vuelvan a repetirse.

RESPONSABLE SUBSIDIARIO

En este sentido, el juez De la Mata ha dado este lunes un plazo de diez días al PP para depositar una fianza civil de 1,2 millones de euros antes de proceder al embargo de cuentas y bienes por esta cantidad por el caso de la ‘caja B’.

Esta decisión del juez está relacionada con el juicio al que la formación popular será sometida como presunto responsable civil subsidiario de los delitos fiscales que supuestamente habrían cometido sus extesoreros en la reforma de su sede nacional, en la calle de Génova de Madrid, y por los presuntos donativos ilegales recibidos durante al menos 18 años.

El magistrado De la Mata, en el auto por el que dictó la apertura de la ‘caja B’ del PP, consideraba a este partido responsable civil de los delitos fiscales por los que van a ser juzgados sus extesoreros. En concreto, sus extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta presuntamente no liquidaron el Impuesto de Sociedades de la formación en 2007. Esta formación debió haber abonado una cuota de 220.167 euros, que se deriva de unos ingresos por supuestos donativos irregulares de 1,05 millones de euros.

El resto de la fianza se correspondería con la cantidad que el PP supuestamente habría ayudado a defraudar a Hacienda en 2008 a la empresa de arquitectura Unifica, a la que se habría pagado con 'dinero negro' obras de reforma de su sede de la calle Génova de Madrid.