En un informe titulado ‘¿Dónde está mi padre? Detención y desaparición en zonas de Yemen controladas por hutíes’, Amnistía llega a esta conclusión después de analizar 60 casos de detenciones, en los que apunta que se han producido detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en Saná, Ibb, Taiz y Hodeidah entre diciembre de 2014 y marzo de este año.

Según AI, esas acciones se dirigieron contra opositores políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas y académicos, entre otras personas. Muchas de ellas han permanecido recluidas en régimen de incomunicación durante periodos prolongados, han sufrido tortura y otros malos tratos y se les ha negado el acceso a un abogado y a sus familiares.

“Las fuerzas hutíes son responsables de una campaña deliberada y brutal, iniciada en diciembre de 2014, dirigida contra sus opositores políticos y otras personas críticas. Cientos de personas han sido detenidas y recluidas sin cargos ni juicio, y en algunos casos han sido objeto de desaparición forzada en flagrante violación del derecho internacional”, afirmó James Lynch, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

Lynch apuntó que “la desaparición forzada es un crimen abominable y no puede justificarse en ninguna circunstancia”. “En lugar de encarcelar a opositores durante semanas o meses, el grupo armado hutí debe poner en libertad a cualquier persona que haya sido detenida arbitrariamente, establecer salvaguardias para garantizar que los detenidos reciben un trato humano y dictar instrucciones claras de que cualquier persona bajo su mando que cometa abusos tendrá que rendir cuentas”.

Amnistía indica que, en la inmensa mayoría de los casos, a las personas detenidas no se les comunicaron los motivos de su arresto. Algunos presos han permanecido recluidos hasta 17 meses sin comparecer ante la fiscalía ni ante un juez. Ninguna de las personas detenidas que figuran en el informe ha sido acusada formalmente ni ha tenido la oportunidad de impugnar la legalidad de su detención. Altos cargos hutíes contaron a Amnistía Internacional este mes de mayo que las personas detenidas estaban recluidas “porque dieron coordenadas GPS a la coalición liderada por Arabia Saudí.”

CONVERSACIONES DE PAZ

Amnistía Internacional ha obtenido documentos que indican que la Fiscalía de Saná había concluido que la detención de decenas de activistas políticos, periodistas y otras personas carecía de base jurídica y había ordenado su puesta en libertad, al parecer sin ningún efecto.

Muchos detenidos han permanecido recluidos en secreto en centros de detención improvisados, incluidas casas particulares, y han sido traslados en repetidas ocasiones a diferentes lugares. Dieciocho personas cuyos casos figuran en el informe de Amnistía Internacional siguen recluidas. Se desconoce el paradero de tres de ellas.

El informe incluye angustiosos relatos de ex detenidos, y de familiares de detenidos, que describieron a Amnistía Internacional el uso de tortura y otros malos tratos bajo custodia. Este hostigamiento ha ido dirigido principalmente contra activistas, periodistas u otras personalidades afiliadas a Al Islah, un partido político islamista suní que se opuso a la toma de poder huzí y anunció su apoyo a la coalición liderada por Arabia Saudí en abril de 2015. Sin embargo, en algunos casos los detenidos no tenían una filiación política conocida ni un historial que explicara por qué se los perseguía. Entre las personas que han sido detenidas arbitrariamente hay al menos 11 periodistas.

“Privar de libertad a alguien al azar, sin base jurídica alguna para su detención, es una violación inadmisible de sus derechos”, sostuvo Lynch, quien añadió: “Además, tiene consecuencias terribles para sus familiares. Pueden pasar meses intentando averiguar la suerte de sus seres queridos desaparecidos, o luchando por su liberación incluso cuando no se ha formulado una acusación contra ellos.”

En un memorando dirigido a Amnistía Internacional el 16 de mayo, el Ministerio de Derechos Humanos con sede en la capital yemení, Saná, bajo control de los hutíes, decía que las acusaciones de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura “no tenían fundamento” y que las personas que critican a las autoridades de Saná “no han sido sometidas a ninguna medida represiva”, pues “Yemen y sus autoridades creen firmemente en la libertad de expresión”.

En las conversaciones sobre la paz en Yemen, que se están desarrollando en Kuwait, se ha creado un comité para los presos y detenidos. Amnistía Internacional pide a las partes en las conversaciones de paz, así como a los actores internacionales que facilitan o apoyan el proceso, que garanticen que durante las negociaciones se dé prioridad a las personas detenidas arbitrariamente y a sus familiares en las zonas controladas por hutíes.