El 21 de enero de 2009, Estados Unidos manifestó su consentimiento a cumplir el Protocolo III pero formuló una reserva y una declaración interpretativa sobre el empleo de armas incendiarias en instalaciones militares situadas en concentraciones de población civil.

España considera que dicha reserva resulta contraria a las prohibiciones contenidas en los puntos 2 y 3 del artículo 2 del citado Protocolo III por la incompatibilidad del contenido de esa reserva con el objeto y propósito del Protocolo en cuestión.

España forma parte de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados de 1980.

Además, firmó los Protocolos Adicionales que fueron adoptados con posterioridad, en los cuales se establece la prohibición y limitación de determinadas armas de tipo incendiaria.