A través de un comunicado, JpD manifestó su “sorpresa, alarma y preocupación” y afirmó que la confirmación de los hechos supondría la existencia de “interferencias políticas partidistas en actuaciones judiciales específicas”.

“Sería inaudito que un juez se hubiera reunido con un investigado con el fin de preparar de forma pactada los términos y la forma de una declaración judicial posterior. Más aún, sería inadmisible que esa declaración hubiera tenido una finalidad ajena al objeto del proceso penal y con ella se pretendiera desmerecer la actuación de la anterior magistrada instructora, Victoria Rosell, con la finalidad de perjudicarla en un procedimiento ante el Tribunal Supremo”, afirmó.

Desde JpD señalan que no es lo único sospechoso en este caso y apuntan que las circunstancias que rodean el caso son “anómalas” desde “el desarrollo de una previa y llamativa investigación por parte de la Fiscalía, declarada ilegal por el TSJ de Canarias, y la emisión de un inusual informe por parte de este mismo juez”.

Además, pide la "activación inmediata de los mecanismos del Estado de Derecho”, ya que “cualquier uso torticero de la jurisdicción supone un intenso deterioro de la credibilidad de nuestro sistema judicial”, que “debe ser independiente e imparcial”.

“Valoramos positivamente que los órganos competentes del Consejo General del Poder Judicial hayan iniciado actuaciones para analizar las infracciones disciplinarias que se puedan haber cometido en el caso de que se acredite la autenticidad de las referidas grabaciones”, concluyó.