Fernández explicó que la denuncia interpuesta por VOX se fundamenta en delitos de blanqueo de capitales, que suponen una pena de prisión de seis meses a seis años, así como una multa; delitos electorales, con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de 12 a 24 meses, y delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado, que podría ser castigados con pena de prisión de hasta ocho años.

De esta forma, pretenden “instar a la investigación judicial de unos hechos que, de confirmarse por los documentos que han sido publicados, supondrían la posible comisión de graves delitos que afectan a nuestro Estado social y democrático de derecho”.

Por su parte, el líder de la formación, Santiago Abascal, afirmó que esta denuncia es un “acto de rebeldía” ante la “aparente impunidad” de Pablo Iglesias.

El medio de comunicación ‘OKdiario’ aportó el pasado viernes documentación que, según indica, demostraría el presunto cobro de 272.000 euros por parte de Pablo Iglesias procedentes del Gobierno de Nicolás Maduro. El propio secretario general de Podemos salió al paso de estas acusaciones para desmentirlas, señaló que las pruebas eran una "falsificación" y afirmó que demandaría al director de este medio, Eduardo Inda.