En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Margallo explicó que España podría haber argumentado lo que se llama inmunidad de jurisdicción, que es que sea juzgado en España, pero “dada la naturaleza especialmente odiosa del presunto crimen”, consideraron “conveniente” que fuese juzgado en Brasil.

Pero aclaró que lo que sí han hecho ha sido recabar la “inmunidad de ejecución”, que es que en el supuesto de condena, ésta se hiciese en España.

Sin embargo, el ministro explicó que para mantener la inmunidad de ejecución es “necesario que tenga un tipo protección de inmunidad diplomática, y eso es lo que hemos hecho”.

No obstante, el titular de Exteriores remarcó que “la decisión importante es no reclamar la inmunidad de jurisdicción”.