El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que esta nueva legislación supone una "superación de la situación actual", que era "insatisfactoria". El texto, destacó, ha sido "muy dialogado y pactado", tanto con los partidos como con los sindicatos policiales. Ellos han logrado la introducción de 40 de las 60 indicaciones que hicieron a los parlamentarios.

A juicio de Rubalcaba, los tres aspectos fundamentales de este nuevo régimen disciplinario son "la mejora de la tipificación de las conductas infractoras, la adecuación de las sanciones en materia de traslados y cambio de residencias y las garantías para los funcionarios en el proceso sancionador, que podrán estar asistidos por un letrado".

El titular de Interior citó como mejoras evidentes la consideración como infracción "muy grave" de beber alcohol estando de servicio. También destacó la eliminación de algunas normas ambiguas, como la "violación del sigilo", que ahora se contemplan como "violación del secreto profesional".

En definitiva, dijo, "se mantiene un equilibrio entre los poderes excepcionales otorgados a la Policía y el rigor con que deben emplearlos".

ACOSO

El nuevo Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía agrava las sanciones por acoso en todas sus vertientes, por discriminación o por abuso de poder, y reduce las que hasta ahora se aplicaban por indisciplina.

El texto introduce, entre otras, la figura del acoso laboral o "mobbing", que será sancionado como una falta grave dentro proyecto de ley orgánica, tal y como habían pedido varios partidos en sus enmiendas.

También establece la aplicación de un régimen específico de incompatibilidades para los policías en segunda actividad sin destino, o tener como información reservada aquella que forme parte del expediente de los agentes.

Otro de los principales puntos acordados e incluidos en el dictamen es el relativo a la consideración como falta disciplinaria el contravenir gravemente las normativas de riegos laborales poniendo en riesgo la vida de compañeros o subordinados.

Igualmente, se considera como falta disciplinaria la omisión de tramitar cualquier solicitud, reclamación o queja relacionada con el servicio.

CONSENSO

Todos los grupos destacaron el alto nivel de entendimiento mostrado durante las distintas reuniones en torno a este proyecto de ley. De hecho, ningún grupo presentó enmienda a la totalidad del texto aprobado por Consejo de Ministros el pasado 2 de octubre. Además, más de la mitad de las enmiendas parciales han sido transaccionadas y pactadas.

Las discusiones sobre el proyecto comenzaron después de que el pasado 3 de diciembre PP, PSOE e IU-ERC-ICV se mostrasen dispuestos a aceptar las enmiendas presentadas por los sindicatos policiales en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. SUP, CEP, SPP y UFP solicitaron modificar la tipificación de algunas sanciones, así como la inclusión de nuevas faltas.

En nombre del PP, Ignacio Cosidó reconoció el "sacrificio" que exige a los uniformados este "régimen disciplinario estricto" y les expresó la "admiración" de toda la sociedad.

Cosidó valoró el alto nivel de consenso en una materia que "no puede depender de la alternancia de partidos en el Gobierno" y argumentó que el PP ha vueldo a demostrar que "la crítica dura que merece" el Ejecutivo "es compatible con el apoyo a proyectos cuando están en juego los intereses fundamentales de los ciudadanos".

Emilio Olabarría, del PNV, insistió en que se trata de una "buena ley", "muy consensuada", en la que tan solo ha faltado el coraje para "funcionalizar" al CNP, como mínimo, en "lo referente a derechos laborales".

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, elogió el diálogo previo y el consenso logrado y afirmó que "este código deontológico responde a las necesidades del cuerpo y lo consolida como un servicio para garantizar la libertad y seguridad públicas".

Llamazares destacó como la aportación más importante de su grupo el que la vulneración de los derechos ciudadanos se considere como falta muy grave y criticó lo que considera falta de derechos y libertades para los uniformados en esta Ley.

Finalmente, Joan Tardà, en nombre de ERC, felicitó al ministro de Interior por introducir desde el inicio de la tramitación del proyecto de ley, como falta muy grave, la violación de los derechos lingüísticos.

Insistió en que a partir de ahora el cumplimiento de este punto requerirá un esfuero del Ministerio en formación lingüística y en valores democráticos de la Policía, más que de sanción.